El Consejo de Gobierno ha aprobado, el pasado 20 de abril, el decreto que regula la calificación y registro de las Empresas de Inserción, sociedades que unen a su finalidad económica el objetivo de favorecer la integración laboral de personas que están o se encuentran en riesgo de exclusión social. La norma, que supone en Andalucía el desarrollo de la legislación marco estatal sobre la materia, aprobada hace más de dos años y que se completará posteriormente con la orden que abordará las medidas de respaldo público a este tipo de entidades.

El Consejero de Empleo, Manuel Recio, compareció el pasado 21 de abril en rueda de prensa y apuntó la ampliación que se ha realizado para acoger, en esta Ley, a los colectivos más vulnerables. A partir de ahora también se introducen los siguientes colectivos: mujeres víctimas de la violencia de género que hayan estado en casas de acogida o en programas de protección; los emigrantes retornados con problemas de adaptación; el cabeza de familias monoparentales; los parados con más de 50 años de edad que lleven doce mese ininterrumpidos sin trabajo; las personas con discapacidad de más del 33% o equivalente. A estos se suman los colectivos que ya formaban parte de la norma estatal: perceptores de rentas mínimas de inserción o que no puedan acceder a éstas por falta del período exigido de residencia o empadronamiento o por haber agotado el período máximo; jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores; personas en proceso de rehabilitación por problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios que pueden acceder a un empleo en régimen abierto; menores internos, y personas procedentes de servicios de prevención e inserción social y de centros de alojamiento alternativo autorizados.

A pesar de la existencia de regulación en casi todas las Comunidades Autónomas, y tras quedar tantas veces excluidas de las condiciones para acceder al mercado público ante la gestión de las grandes empresas e incluso del marco jurídico de la Economía Social a nivel autonómico, en Andalucía se inicia con este hecho el reconocimiento y la legitimación de estas empresas tras la entrada en vigor de la Ley 44/2007, hace ya más de dos años.

Se hacía necesario por lo tanto, una regulación para las Empresas de Inserción andaluzas, que tienen mucho que dar a conocer y aportar al resto en cuanto a metodología y resultados, con las mismas herramientas jurídicas para dar salida a la exclusión.